Uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas es el territorio: las tierras colectivas se constituyen en una de las garantías para la pervivencia cultural. En el ordenamiento jurídico colombiano la figura que protege el derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas es el resguardo, y a pesar de las críticas a esta figura, es claro que respecto de las tierras alinderadas con esta categoría deben garantizarse de manera plena los derechos consagrados en el Convenio 169 de 1989 de la OIT. No obstante, hay tierras y territorios que no son resguardos sobre las cuales existen reclamos históricos y culturales y donde están asentados particulares que cuentan con derechos reales sobre la tierra o tienen concesiones para apropiarse de sus recursos naturales. Esta clase de territorio recibe el nombre de tierras de ocupación ancestral o territorios ancestrales, y en Colombia pueden representar grandes extensiones de terreno sobre las cuales las comunidades indígenas exigen reivindicaciones relacionadas con coadministración de los recursos naturales y la ampliación o constitución de resguardos. El propósito de esta disertación es describir la tendencia de la jurisprudencia para tramitar los conflictos en las tierras de ocupación ancestral mediante la ilustración de tres casos. El primero es la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta (departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar), el segundo versa sobre las tierras solicitadas por las comunidades asociadas al resguardo multiétnico de Alto Únuma (municipio de Puerto Carreño, departamento de Meta) y el tercero sobre las tierras de ocupación ancestral del pueblo Bari (departamento de Norte de Santander).

Desde el 2021, el Programa de Derecho de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A le ha apostado a la formación académica en actividades de ordenamiento agrario, con el fin de enriquecer el conocimiento de la comunidad estudiantil, en áreas del derecho ambiental y del territorio. En el primer semestre de 2022, uno de los principales resultados del desarrollo de estas actividades fue la participación de la comunidad académica en el primer coloquio interno de derecho agrario, donde participaron cerca de 30 estudiantes, quienes presentaron reflexiones sobre cuatro líneas temáticas planteadas, así: 1) tierras y mujer rural; 2) acuerdos de paz y reforma rural integral; 3) participación, género y programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y, 4) problemas ambientales y derecho Agrario. De esta manera, el presente texto contiene la recopilación de algunas reflexiones destacadas, incluyendo, de un modo especial, el desarrollo investigativo de un docente del programa de Derecho.

Tener a cargo un curso universitario en un Programa de Derecho de carácter disciplinar plantea dificultades prácticas y conceptuales para los agentes que participan de estos espacios. Las circunstancias problemáticas versan desde asuntos burocráticos relacionadas con los reportes de los resultados de aprendizaje hasta cuestiones de legitimidad de las instituciones universitarias frente a la sociedad. El objetivo de este artículo es reflexionar de modo comprensivo sobre las tendencias de los procesos educativos en los programas de Derecho en Colombia orientando el análisis hacia la deconstrucción de las prácticas relacionadas con el aula para poner en primer plano la necesidad de ajustar el quehacer cotidiano con las responsabilidades éticas que tiene los profesionales del Derecho con los problemas sociales de acceso a la justicia y transformación de las instituciones jurídicas. Para este análisis se tendrá presente dos estatutos legislativos relativamente recientes, y que tienen que ver con la introducción del examen estatal establecido por la Ley 1905 de 2018 y la Ley 2113 de 2021 sobre consultorios jurídicos, los cuales deben dejar de ser meros espacios de orientación jurídica para los usuarios y convertirse en centros de pensamiento. A modo de conclusión, se advierte que los cursos de derecho se están consolidando en espacios de instrucción técnica desustanciada restándole relevancia a los procesos de aprendizaje vital; las posibilidades de que los cursos de derecho incorporen y desarrollen los fundamentos filosóficos de la educación universitaria cada vez depende más del docente que gestiona un curso, el cual tiene la compleja tarea de hallar un equilibrio entre la instrucción en saberes prácticos del campo y la promoción de valores constitutivos del pensamiento científico.

En el presente artículo se describirán los resultados de una investigación hermenéutica y sociojurídica , con la cual se buscó analizar la efectividad y los objetivos de las distintas políticas de inclusión adoptadas por Colombia en el marco del problema de la discriminación que ha sufrido la mujer campesina a lo largo de la historia. Para lograr esta finalidad se usó una metodología analítica, documental y de acción participativa donde se conformó un estado del arte con más de 150 fuentes bibliográficas, se realizó trabajo de campo con comunidades rurales y se recaudó información oficial mediante 110 derechos de petición enviados a distintas entidades estatales. De esta manera, los resultados enmarcan una baja efectividad de las políticas de inclusión, y establecen el estado actual de la mujer rural previendo los principales retos estatales para afrontar el problema planteado.

Este artículo presenta un estudio crítico respecto de los retos de articulación existentes en la política de sustitución de cultivos de uso ilícito y la política de conservación y uso sostenible en territorios étnicos en Colombia desde una perspectiva casuística referida las providencias dictadas por los jueces de restitución de tierras en donde se han dado órdenes en materia de restauración de ecosistemas y derechos bioculturales. El eje de análisis de este artículo lo orienta la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las condiciones para que las estrategias de sustitución de cultivos de uso ilícito en los territorios étnicos estén efectivamente articuladas con las herramientas conservación y restauración forestal? Uno de los hallazgos e insumos para la discusión está referido a la baja integración y coordinación de acciones disponibles para resolver los problemas de alcance ambiental asociados a las afectaciones territoriales producidas por hechos vinculados al conflicto armado en Colombia. A modo de conclusión se identifican las condiciones que deben modificarse para resolver los problemas jurídicos de restauración de derechos y desarticulación administrativa en materia de política ambiental y la política de reparación a las víctimas.