Los integrantes del Grupo de Investigación Derecho, Justicia y Ambiente -GIDEJAM-, del Programa de Derecho de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, durante agosto y septiembre de 2022, recorrieron diferentes veredas y corregimientos de los departamentos del Tolima y el Meta, con el propósito de conocer los problemas y los logros de las asociaciones de mujeres rurales.
Esta actividad, se adelantó en el marco del proyecto de investigación Análisis de la Ley 1900 de 2018 Sobre Equidad de Género en la Adjudicación de las Tierras Baldías – 2018-2021, que se encuentra en la recta final, de su primera fase y se destacó que la situación de estas asociaciones es difícil, puesto que se aprecia un gran vacío en el conjunto de disposiciones jurídicas, supuestamente diseñadas para fortalecer y tratar, de manera equitativa, a las mujeres rurales, generándose una brecha entre los objetivos de política y los resultados esperados de los procesos de implementación.
Las organizaciones de mujeres rurales en el territorio nacional parecen ser una respuesta a los impactos del conflicto armado, más que un resultado racional, de una política de promoción y de fortalecimiento social (Ley 731 de 2002). Las mujeres, víctimas del conflicto, encuentran en la acción colectiva un espacio para reivindicar sus derechos, pero también un campo de acción simbólica, para difundir las narraciones y los sentidos de sus vivencias, como sujetos históricos, marginados por las instituciones sociales y estatales.
Resulta curioso (tal vez paradójico) advertir el surgimiento y la permanencia de las asociaciones de mujeres rurales en situaciones de ausencia de sus varones -hijos, hermanos, esposos y padres-, en el sentido que, cuando las mujeres víctimas del conflicto hablan de su experiencia y de sus deseos, lo hacen pensando en que algo semejante no le ocurra a otras mujeres, ni que tampoco hace falta la ausencia del hombre, para exigir tratos iguales y justos, en los contextos cotidianos de significación social y jurídica. La experiencia de la guerra no es necesaria para comprender y superar la iniquidad de las costumbres machistas.
La no presencia de los varones, por situaciones relacionadas con el conflicto o la negación de sus derechos naturales, como la maternidad, es un fuerte factor de cohesión de las asociaciones de mujeres rurales; sin embargo, es necesario que este vínculo, basado en valores, adquiera o incluya fines que sean rentables social y capitalmente, para garantizar su permanencia en el tiempo, buscar la ampliación de sus bases y lograr la replicación de sus prácticas en otras comunidades. Y es aquí, donde está el reto para el actual gobierno Nacional: que estas asociaciones sean un medio para asegurar beneficios económicos y sociales, por medio de prácticas agropecuarias, que conduzcan al fortalecimiento del campo colombiano y otros
sectores del país y, para ello, es necesario trabajar en dos frentes: 1) Lograr que estas asociaciones tengan acceso directo a tierras productivas y 2) Materializar el derecho a una vivienda digna para todas las mujeres que componen o hacen parte de estas asociaciones.
En estas líneas, se concentrará el trabajo académico y social de los investigadores del Grupo y esperamos que todos los miembros de la comunidad académica, interesados en el tema, se puedan asociar al proyecto.
